A veces quienes toman las decisiones a nombre del Estado, se tienen que parar y decir no.
El paro camionero ha traído a la luz pública un hecho que cada vez más
se ha venido generalizando como solución a las protestas populares. Y, es que
el Estado asume las pérdidas que produce una determinada actividad económica, o
se las traslada en mayores costos a todos los colombianos, olvidando que el
éxito o el fracaso hacen parte del riesgo de toda actividad empresarial. Todos
los días se crean miles de negocios, unos florecen y otros fracasan. Si el
Estado tuviera que asumir las pérdidas de estos últimos, no habría recursos fiscales
para cubrir las mismas.
En el momento en el que un empresario toma la decisión de realizar una
inversión de capital, asume una decisión de negocio. Si compra un activo,
llámese máquina, bus o cualquier otro equipo, tiene que depreciar la inversión
y provisionar los recursos para su reemplazo, cuando dicho bien cumpla su vida
útil y deba ser retirado. Lo que es inadmisible es que después de haber
utilizado una maquina o equipo para generar ingresos por años, se obligue al
Estado a pagarle con recursos públicos al propietario el costo de reposición, para
que lo retire del servicio.
Esto es lo que ha sucedido con los buses del transporte público urbano
de pasajeros. Si el Estado no hubiera asumido la chatarrización de los viejos
buses, el valor del pasaje de los Sistemas de Transporte Público Masivo sería
mucho menor. Pero como esto no sucedió, para poder implementar el nuevo esquema
y evitar protestas, había que retirar, previo el pago de dichos bienes, los
buses y busetas que ya no daban más. La forma más fácil de hacerlo era
obligando a los nuevos operadores a comprar los vehículos obsoletos, cargándole
este costo a la tarifa.
Ahora, para los vehículos de transporte de carga por carretera se
propone restablecer una Tabla de Fletes, que fijará valores mínimos para
transportar la carga. Lo que debemos entender es que estos mayores precios, de
aprobarse, los tendrán que pagar los colombianos con mayores costos de
transporte, que se le cargarán a los productos que consumimos.
Los promotores de este último esquema lo justifican argumentando que
la compra de camiones fue utilizado por narcotraficantes como mecanismo para
lavar sus capitales, aumentando el número de camiones y generando una sobre
oferta. No tengo duda que esto haya pasado a título individual, pero no conozco
una empresa de “narcos” que esté imponiendo su poder de mercado para rebajar
las tarifas. Lo que si veo son compañías que se cansaron de pagar tarifas
excesivas, y decidieron por eso, comprar vehículos para transportar su carga.
De aprobarse la Tabla de Fletes, tenemos que saber que estos mayores
costos saldrán del bolsillo de todos los colombianos, a quienes nos subirán los
impuestos o nos cobrarán dichos costos, vía mayores tarifas.
A veces, quienes toman las
decisiones a nombre del Estado, se tienen que parar y decir que no, y
explicarle al país las razones que los llevan a tomar esa decisión. Y bajo
ninguna circunstancia pueden dejarse amedrentar por la violencia o la amenaza
de su uso, que pretende imponer argumentos que solo le sirven a unos pocos, en
desmedro de los demás colombianos. La autoridad del Estado soportada en el
interés general, debe prevalecer siempre.
Fuente: semana.com